El texto analiza la discapacidad desde una perspectiva crítica, cuestionando los modelos sociales y económicos que históricamente han condicionado la forma de comprenderla. Señala que, aunque el modelo social reconoce que las principales limitaciones provienen de las barreras ambientales y sociales, en la Argentina actual persiste una convivencia entre el discurso de derechos y estructuras económicas que priorizan la eficiencia y la productividad.

Desde la perspectiva del capital humano de Gary Becker, la persona es valorada según su capacidad productiva y su rendimiento económico. En esta lógica, la discapacidad puede ser interpretada como una menor capacidad de generar valor, lo que favorece procesos de exclusión y cuestiona la inversión en políticas de inclusión.

El texto relaciona esta situación con la idea de “dejar morir” desarrollada por Pilar Calveiro: el Estado no necesariamente elimina físicamente a las personas vulnerables, sino que puede producir su abandono mediante la reducción de los soportes y políticas públicas. De esta manera, la vulnerabilidad termina siendo presentada como una responsabilidad individual y no como una cuestión social.

En el contexto argentino, pese a la existencia de leyes y a la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el texto destaca una implementación desigual de las políticas de inclusión. También señala las dificultades vinculadas al empleo, las prestaciones y los costos de apoyo y salud.

Uno de los conceptos centrales es el de “significante vacío” de Ernesto Laclau. La palabra “discapacidad” deja de referirse exclusivamente a un diagnóstico médico y pasa a funcionar como un concepto político capaz de reunir diferentes demandas: accesibilidad, empleo, educación inclusiva, cobertura de salud y eliminación de la estigmatización.

Durante 2024-2025, según el texto, esta articulación permitió que personas con discapacidad, familias, profesionales y otros sectores se constituyeran en un actor político colectivo, mediante movilizaciones y reclamos frente a las políticas de ajuste y la desregulación de las prestaciones. La lucha logró expresarse también en la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Finalmente, el documento propone avanzar hacia una inclusión transformadora, que no se limite a la inserción laboral. Plantea cuestionar la lógica productivista, considerar alternativas como una renta básica universal, fortalecer comunidades y dispositivos de apoyo, promover una educación que valore la diversidad y reconocer los testimonios de las propias personas con discapacidad como formas legítimas de conocimiento y resistencia.

En conclusión, el texto sostiene que la inclusión requiere un nuevo contrato social en el que la singularidad de cada persona sea el punto de partida. La discapacidad deja de ser entendida como aquello que “le falta” al individuo para convertirse en el nombre de una lucha colectiva por derechos, dignidad y participación plena en la comunidad.