El texto analiza la situación de las personas con discapacidad en Argentina durante el gobierno de Javier Milei, poniendo el foco en las consecuencias de las políticas de ajuste económico, los recortes presupuestarios, las auditorías de pensiones y las dificultades para garantizar la continuidad de las prestaciones y los apoyos necesarios. Desde una mirada crítica, relaciona estas medidas con la lógica neoliberal del “capital humano”, que tiende a valorar a las personas según su capacidad de producir y generar beneficios económicos, dejando en segundo plano a quienes requieren mayores apoyos.

A su vez, desarrolla el modelo social de la discapacidad, que sostiene que la exclusión no depende únicamente de las condiciones individuales, sino también de las barreras sociales, culturales y ambientales que limitan la participación plena. En este sentido, plantea que la inclusión no debe entenderse como un acto de asistencia, sino como una obligación del Estado y de la sociedad, basada en el reconocimiento de los derechos humanos, la accesibilidad universal y los ajustes razonables.

Finalmente, el texto propone fortalecer las políticas públicas destinadas al colectivo, garantizar las pensiones y prestaciones, promover la autonomía y asegurar la participación de las propias personas con discapacidad en las decisiones que las afectan. Como conclusión, sostiene que el valor de una persona no puede medirse por su productividad económica y que garantizar la inclusión y una vida digna constituye una responsabilidad democrática y un compromiso fundamental con los derechos humanos.